El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se manifestó respecto de la resolución del Congreso Nacional y del decreto presidencial que delimitó el dictado y los alcances de la prisión preventiva. Sobre el asunto la institución sostuvo que la privación de la libertad a través de ese mecanismo no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar.
Asimismo, señaló la entidad que las características del instituto de la prisión preventiva deben ser respetadas de modo universal, sin exclusiones de persona, posición o causa, ni convertirse en una pena anticipada. En un comunicado del Directorio, la entidad hizo referencia en concreto a los casos de militares detenidos sin sentencia firme. Con respecto al tema, el Colegio de Abogados de la Ciudad citó una disertación de Santiago Olivera, Obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales de la Argentina, pronunciada en Roma en ocasión del 70mo. aniversario de la Convención de Ginebra.
En esa oportunidad, al referirse al tema de los militares detenidos con prisión preventiva en nuestro país por causas de lesa humanidad, el obispo sostuvo que se trata de un tema muy sensible a nuestra realidad argentina y que merece un trato sereno, claro, veraz, con el mayor esfuerzo de no ser teñido por ninguna ideología.
El Colegio de Abogados sostuvo en su comunicado que el obispo Olivera “formuló un interrogante durante aquella conferencia, que, en definitiva, obra a modo de una interpelación a nuestra sociedad: ¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, sin condena?.” Y agregó “cuando hablamos de Derechos Humanos debemos hacerlo en su concepción absoluta, es decir, para todos, sin ideologías, en la verdad y en la justicia.”
Por último, afirmó que se trata de una situación que debe encausarse en la observancia irrestricta de las garantías y derechos que consagran la Constitución Nacional y los tratados internacionales de DD.HH. suscriptos por nuestro país.
Según datos actualizados al mes de octubre, 533 militares fallecieron en prisión y 847 están procesados. En cuanto a los detenidos con prisión preventiva el promedio supera los 6 años, con el siguiente detalle: 149 casos entre 3 y 6 años, 290 entre 6 y 10 años, y 93 casos con más de 10 años de encarcelamiento cautelar. Vale recordar que la legislación vigente establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia, y se puede prorrogar un año más por resolución fundada cuando por la complejidad de la causa no se haya podido llegar a una condena en el plazo de 24 meses.
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