"Desde hace cuatro años tenemos dos Ferrari incautadas a organizaciones criminales que no podemos subastar y por las que el Estado paga entre 3 y 4 millones de pesos anuales de seguro”, respondió el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias consultado por Infobae acerca de la situación de los decomisos de bienes a las organizaciones del crimen organizado.
El fiscal Iglesias fue convocado junto al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco por el Comité de Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que dirige Juan Félix Marteau.
En una sesión académica los fiscales compartieron sus experiencias en la investigación de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos en la Argentina.
Consultados por este medio sobre la situación de nuestro país en materia de decomiso de bienes a las bandas del crimen organizado y sobre los mayores escollos que enfrentan en esta tarea, ambos coincidieron en que si bien el trabajo de los fiscales es bueno se presentan muchas dificultades con la administración de esos bienes cuyo mantenimiento es -según indicaron- muy costoso para el Estado.
En ese sentido, Iglesias contó que en una de las investigaciones que lleva adelante “tenemos 3 millones y medio de dólares decomisados de manera anticipada por el arrepentimiento de uno de los imputados” pero el proceso entró en una especie de limbo por encontrarse dentro del sistema procesal mixto. Destacó que, por ejemplo, la provincia de Salta en la que ya se aplica el sistema acusatorio cuenta con una ventaja notable ya que en materia de narcocriminalidad en 130 días se llega a una sentencia. “Se llega sin juicio, se llega con acuerdo pleno, eso hace que la condena quede firme el mismo día y se puedan ejecutar los bienes decomisados.”, dijo el fiscal. En el tiempo transcurrido desde que se comenzó a aplicar el sistema acusatorio en Salta -unos cuatro años- se llevan decomisados sólo en dinero en efectivo unos 600 mil dólares más el resto de las propiedades de las que fueron desapoderadas las organizaciones criminales.
Sin embargo, señaló que uno de los problemas que se plantean con el decomiso de esos bienes tiene que ver con su administración. En materia de narcotráfico esos bienes los administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esos bienes terminan en la Corte y no sabemos bien cuál es el destino”, dijo el fiscal. Remarcó además que ninguno de esos bienes son entregados al Ministerio Público Fiscal para ser destinados, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico.
En cuanto a las causas por lavado de activos, el titular de la PROCELAC indicó que se han conseguido buenos decomisos pero mencionó también como un problema la administración de esos bienes y que la sociedad vea qué es lo que se recuperó y a dónde se destinó. Como ejemplo de este planteo, relató que como fiscal de juicio le tocó hacer un decomiso muy importante de bienes al Cártel de Juárez en 2016.
Se trató de un campo de dos mil hectáreas cerca de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires que había comprado a fines de la década del 90 Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, por entonces jefe del cártel mexicano. “Eso lo tiene la Corte y los campos siguen a disposición de la Corte y no se sabe quién los está manejando, a dónde va esa plata”, dijo Velasco. Y agregó “sería ideal vender esos campos y hacer un edificio inteligente o comprar tecnología que necesita la policía o el Ministerio Público Fiscal para poder investigar, y mostrarle a la sociedad en que se usó ese dinero”.
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