El Ministro de Justicia anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de decomiso anticipado

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anunció que está trabajando en un proyecto de ley, que enviará en el plazo de un mes al Congreso, que habilite a los jueces al decomiso anticipado de los bienes que son producto de delitos. “No tiene sentido secuestrar un auto, un campo, dinero y tenerlo en un cajón o que le usen el auto, que se destruya y no pagan seguro a costo del Estado y al final del juicio, cinco o seis años después resolver finalmente el decomiso”, sentenció el funcionario.

El titular de la cartera de Justicia dio una conferencia en el marco de la séptima edición del “Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations” que organiza todos los años el estudio jurídico Marval, O’ Farrel y Mairal.

Cúneo Libarona participó del evento a través de videoconferencia, ya que se encuentra en el Reino Unido en un simposio de delitos económicos que se realiza en la Universidad de Cambridge.

El ministro señaló sobre el decomiso anticipado que “tampoco tiene sentido la acción civil que dura una eternidad.” Y agregó: “Yo creo que el decomiso se tiene que dar rápido y disponerse de ese dinero a los fines de la estructura judicial y al final del juicio si es absuelto, para no alterar el principio de inocencia y aparte porque es justo, que se le reintegre el valor obtenido pero no estar con bienes en depósitos o interdictados que no tienen ningún tipo de utilidad.”

“Yo creo y -sobre esto hablé mucho acá en en Cambridge- que es indudable que tenemos que reducir y apuntarle a los beneficios del delito. No puede el delincuente continuar con los frutos de su delito, esto lo ha dicho bastante bien la Corte y se acepta en la doctrina en general pero no se hace a cabo con toda la eficacia en la práctica”, dijo el ministro de Justicia. Y añadió: “Yo estoy convencido de que si al delincuente se le quitan los beneficios económicos no va a actuar”. “Si logramos sanciones y decomisos vamos a desalentar la delincuencia”, afirmó Cúneo Libarona.

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Trata de personas: aumentan en la Triple Frontera los secuestros de hombres para explotación laboral

Imagen de Sammis Reachers en Pixabay

El caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años desaparecido en circunstancias aún no establecidas, puso el foco en uno de los delitos más aberrantes, la trata de personas, y en la Triple Frontera, la zona más caliente de la región en materia de crimen organizado que comparten Argentina, Brasil y Paraguay.

Para conocer de cerca cómo es la actividad de los grupos que se dedican a este delito en ese lugar crítico, Infobae consultó a la fiscal Carina Sánchez, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal de Paraguay.

- Dra. Sánchez ¿hay mucha actividad de trata en la región?

- La verdad que sí. Yo estoy en el tema desde hace aproximadamente 20 años, desde que soy funcionaria en el Ministerio Público, y sí. Lo que pasa es que así como estás mencionando no se visibiliza tanto. Y es más tenemos a veces avances y luego retrocesos. Como que se van a naturalizando algunas cuestiones y eso hace que se invisibilice la situación, que no se denuncie y que se normalice en muchos casos.

Hablando de la Triple Frontera nosotros tenemos muchos departamentos y ciudades que están cerca que son identificados desde hace 20 años como ciudades y departamentos de origen de víctimas de trata, ya sea trata en la región, trata en Europa, y últimamente en los últimos años estamos identificando muchos casos de trata con la finalidad de explotación laboral en Brasil, por ejemplo.

Antes, si bien se hablaba, se decía que había adolescentes, que había adultos que estaban siendo explotados, denuncias concretas o casos concretos no teníamos y eso cambió a partir de la pandemia. El cierre de la frontera también ayudó a darle nombre e identificar a los adolescentes y familias enteras que estaban siendo explotados en Brasil.

Justamente se menciona mucho la Triple Frontera pero no se identificaban los casos concretamente por la dinámica que hay, especialmente entre Paraguay y Brasil donde los controles no se realizan de la manera que se hacen con Argentina, por ejemplo, en la frontera y en los pasos formales.

- ¿Cómo es el movimiento? ¿el origen es en Paraguay hacia los otros países o es indistinto? ¿Dónde captan a las víctimas?

- Depende, o sea, en tema de trata internacional nosotros somos país de origen principalmente, en la mayoría de los casos. Y hablo objetivamente de los casos que ingresan en la Unidad de Trata. Tenemos muy pocos casos de país de destino o tránsito. En la mayoría de los casos las víctimas salen de Paraguay y están identificadas las ciudades, como Caaguazú que hace años está sonando en todos los informes de los organismos internacionales. Caaguazú, Alto Paraná -que está en la frontera con Argentina y Brasil- siguen siendo ciudades de origen para trata laboral y también sexual, con destino Brasil; trata sexual en Argentina; trata sexual en Chile y en Bolivia. En Europa, España es el principal lugar de explotación sexual, especialmente de mujeres paraguayas y se va abriendo este este panorama a otros países. Por lo menos los vamos identificando gracias a la cooperación que vamos teniendo con los países europeos.

En Europa, España nos abre la posibilidad de contactar con otros países, por ejemplo, Francia. Vimos casos en Eslovenia, Ucrania, incluso en países de África donde vamos identificando víctimas. A partir de alguna denuncia o alguna identificación que se hace en el país de destino nos convocan y allí empezamos a trabajar si hay algo que investigar en el país, o simplemente en otros casos lo que hacemos es asistir a las víctimas o a sus familiares.

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Ley Bases: un juez rechazó la aplicación de las multas laborales por estar derogadas

La Justicia del Trabajo de Misiones dictó el primer fallo en el que se rechaza la aplicación de las multas laborales por estar derogadas por la Ley Bases vigente desde el 9 de julio pasado. La resolución lleva la firma del juez Juan Francisco Vetter, titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nro. 1 de la ciudad de Puerto Iguazú.

El despido fue en diciembre de 2016 y el juicio se inició en 2018 luego de una instancia de conciliación previa sin que se pudiera llegar a un acuerdo. Pese a la fecha de inicio de la demanda el magistrado consideró que no correspondía hacer lugar al reclamo del trabajador respecto al pago de las multas del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -que sanciona la falta de entrega de certificado de trabajo- ni las previstas para el caso de empleo no registrado. El juez Vetter fundamentó su decisión en que las mencionadas sanciones están derogadas por la Ley Bases.

El trabajador cumplía funciones como peón rural realizando diversas tareas en el establecimiento propiedad del demandado ubicado en la localidad de Andresito. En la demanda relató que era motosierrista, obrero de la construcción, carpintero, tractorista, hacía trabajos de deforestación y limpieza de terrenos, entre otros trabajos. Contó que su horario de trabajo era de lunes a viernes de 7 a 17, labor por la que recibía una retribución mensual de 6.400 pesos mensuales en forma irregular y sin recibo. Manifestó que nunca le permitieron tomarse vacaciones ni feriados y tampoco le pagaban horas extras trabajadas.

En la demanda, el trabajador reclamó, además de la indemnización por despido, las multas por la falta de entrega del certificado de trabajo y por empleo no registrado.

Al momento de resolver la cuestión, el juez Vetter tuvo en cuenta las declaraciones de los testigos ofrecidos por el trabajador y el resto de las pruebas producidas para considerar que estaba acreditado el vínculo laboral y entender que existió un despido sin expresión de causa.

En su fallo citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en orden a que “los testimonios de compañeros de trabajo y otras personas que hayan presenciado la ejecución de las tareas laborales son esenciales para demostrar el vínculo laboral y el trabajo no registrado, siendo muchas veces la única prueba disponible.”

En ese sentido señaló que “la declaración de los testigos del Demandado resultan insuficientes para desvirtuar las declaraciones de los testigos del Actor, que contienen la suficiencia necesaria para acreditar la realización de tareas” del trabajador a favor del demandado “así como la forma en que se desarrollaron.”

Al analizar la multa del art. 80 de la LCT por falta de entrega del certificado de trabajo, el magistrado indicó que “como primera cuestión debo observar que la norma citada actualmente ha sido derogada por el art. 99 de la Ley N° 27.742, publicada el 08 de julio de 2024 en el Boletín Oficial, encontrándose vigente a partir del día posterior a su publicación.”

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El Gobierno Nacional incorporó al listado de estupefacientes sustancias derivadas del fentanilo

El Gobierno Nacional actualizó el listado de sustancias individuales que deben ser consideradas “estupefacientes”, incorporando de esta manera a los derivados del fentanilo. Esto se debe a las recientes actualizaciones de los cuadros internacionales de fiscalización de sustancias y a las recomendaciones de los organismos intergubernamentales especializados en la materia.

Por este motivo, la Secretaría de lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad ha coordinado las medidas para prevenir estos delitos en todas sus formas, ya que toda sustancia que sea incautada y no esté en las listas, no es considerada estupefaciente según la Ley, por lo tanto no puede penalizarse su tráfico ni tenencia.

El Decreto establece necesario incorporar 169 sustancias y un isómero estructural -de posición- correspondiente al Tetrahidrocannabinol al listado que actualmente obra como Anexo I del Decreto N° 560/19, resultando así necesario sustituir dicho Anexo I.

Asimismo, el documento determina que de esas 169 sustancias, 62 son opioides sintéticos; 31 corresponden a las benzodiacepinas; cinco son cannabinoides sintéticos; tres son catinonas; dos corresponden al grupo químico de las fenetilaminas, una corresponde a triptaminas y 65 son sustancias relacionadas con el Fentanilo.

Cabe aclarar que las últimas actualizaciones se realizaron en el año 2017, 2018 y 2019, sin haber sido actualizadas en los últimos 4 años de la anterior gestión. Estas acciones contaron con el soporte técnico del Programa contra las Drogas Sintéticas en Argentina (DROSINAR) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, apoyado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

La situación de los decomisos en la Argentina y los principales problemas para recuperar activos del crimen organizado

"Desde hace cuatro años tenemos dos Ferrari incautadas a organizaciones criminales que no podemos subastar y por las que el Estado paga entre 3 y 4 millones de pesos anuales de seguro”, respondió el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias consultado por Infobae acerca de la situación de los decomisos de bienes a las organizaciones del crimen organizado.

El fiscal Iglesias fue convocado junto al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco por el Comité de Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que dirige Juan Félix Marteau.

En una sesión académica los fiscales compartieron sus experiencias en la investigación de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos en la Argentina.

Consultados por este medio sobre la situación de nuestro país en materia de decomiso de bienes a las bandas del crimen organizado y sobre los mayores escollos que enfrentan en esta tarea, ambos coincidieron en que si bien el trabajo de los fiscales es bueno se presentan muchas dificultades con la administración de esos bienes cuyo mantenimiento es -según indicaron- muy costoso para el Estado.

En ese sentido, Iglesias contó que en una de las investigaciones que lleva adelante “tenemos 3 millones y medio de dólares decomisados de manera anticipada por el arrepentimiento de uno de los imputados” pero el proceso entró en una especie de limbo por encontrarse dentro del sistema procesal mixto. Destacó que, por ejemplo, la provincia de Salta en la que ya se aplica el sistema acusatorio cuenta con una ventaja notable ya que en materia de narcocriminalidad en 130 días se llega a una sentencia. “Se llega sin juicio, se llega con acuerdo pleno, eso hace que la condena quede firme el mismo día y se puedan ejecutar los bienes decomisados.”, dijo el fiscal. En el tiempo transcurrido desde que se comenzó a aplicar el sistema acusatorio en Salta -unos cuatro años- se llevan decomisados sólo en dinero en efectivo unos 600 mil dólares más el resto de las propiedades de las que fueron desapoderadas las organizaciones criminales.

Sin embargo, señaló que uno de los problemas que se plantean con el decomiso de esos bienes tiene que ver con su administración. En materia de narcotráfico esos bienes los administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esos bienes terminan en la Corte y no sabemos bien cuál es el destino”, dijo el fiscal. Remarcó además que ninguno de esos bienes son entregados al Ministerio Público Fiscal para ser destinados, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico.

En cuanto a las causas por lavado de activos, el titular de la PROCELAC indicó que se han conseguido buenos decomisos pero mencionó también como un problema la administración de esos bienes y que la sociedad vea qué es lo que se recuperó y a dónde se destinó. Como ejemplo de este planteo, relató que como fiscal de juicio le tocó hacer un decomiso muy importante de bienes al Cártel de Juárez en 2016.

Se trató de un campo de dos mil hectáreas cerca de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires que había comprado a fines de la década del 90 Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, por entonces jefe del cártel mexicano. “Eso lo tiene la Corte y los campos siguen a disposición de la Corte y no se sabe quién los está manejando, a dónde va esa plata”, dijo Velasco. Y agregó “sería ideal vender esos campos y hacer un edificio inteligente o comprar tecnología que necesita la policía o el Ministerio Público Fiscal para poder investigar, y mostrarle a la sociedad en que se usó ese dinero”.

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La Corte Suprema suspendió la ejecución de una sentencia que había elevado el monto de la condena 6.000 por ciento

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de un procedimiento de ejecución de una sentencia de la Cámara Laboral que, en el marco de un reclamo por accidente de trabajo, aumentó el monto de la condena fijada por la jueza de primera instancia un 6.000 por ciento. El fallo del máximo tribunal lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti no firmó.

La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo llevó el monto inicial de condena de $ 2.884.994 a $ 19.206.159 más intereses. Esta decisión fue cuestionada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada que alegó que el aumento de la suma reclamada fue arbitrario ya que ni siquiera había sido solicitado por el trabajador que inició el juicio.

La demanda fue promovida por Claudio Jiménez, quien se desempeñaba como copiador en el sector pre-impresión del diario La Nación, contra Provincia ART tras sufrir una lesión mientras realizaba sus tareas. El trabajador relató en su presentación que el 9 de abril de 2016 se encontraba trabajando en la línea de producción de la empresa cuando en determinado momento una de las máquinas se trabó. Al intentar destrabarla manualmente para continuar con la tarea sintió un fuerte tirón en su hombro derecho. A raíz de ese hecho fue trasladado por su ART al Sanatorio Bernal, donde le hicieron una ecografía, una resonancia magnética en el hombro derecho, y concurrió a cuatro sesiones de kinesiología.

Con ese antecedente, el trabajador demandó a Provincia ART reclamando por “omalgia derecha postraumática con marcada limitación funcional secundaria a lesión de manguito rotador (tendinosis) y daño psicológico.” Al momento de contestar la demanda la Aseguradora tras recibir la denuncia del hecho el trabajador fue atendido y le dieron las primeras prestaciones que dispone la ley. Luego, una vez que contó con los estudios médicos pertinentes, rechazó el siniestro porque consideró que el mecanismo del accidente denunciado carecía de idoneidad para generar las lesiones que el actor presentaba.”

En la primera instancia, la jueza Analía Vigano, titular del juzgado laboral Nro. 31 hizo lugar al reclamo y condenó a Provincia ART a pagar a Jiménez la suma de $ 2.884.994. Esa decisión fue apelada y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aumentó el monto de la condena de primera instancia. En ese fallo, los jueces consideraron que la aplicación literal de lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo “conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y que no resulta representativo de la pérdida de ganancia del trabajador”. De esta manera dispusieron llevar la indemnización de la sentencia de primera instancia que era de poco más de 2 millones 800 mil pesos a 19 millones 200 mil pesos más intereses, es decir, aproximadamente un 6.000 por ciento más.

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El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci dijo que esa agencia puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico

Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera

En una clase magistral que dio inicio a la 12a. edición del Programa de Actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, el Presidente de la Unidad de Información Financiera, Ignacio Yacobucci hizo una pormenorizada exposición sobre los desafíos de su gestión al frente del organismo antilavado.

Comenzó explicando en qué etapa está la evaluación mutua que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuyos representantes estuvieron en nuestro país hasta fines de marzo. A comienzos de mayo enviarán el primer borrador, luego elaborarán un segundo borrador, en agosto habrá una entrevista con las autoridades argentinas y en octubre se conocerá la calificación de la Argentina en la materia.

Sobre este aspecto indicó que el GAFI evalúa la efectividad del sistema de prevención de lavado y para medir esa efectividad es necesario hacer un análisis del cumplimiento normativo técnico del país. Analiza la fortaleza y la confiabilidad del sistema de prevención de lavado de activos y emite un informe final. “GAFI pone el ojo en la efectividad del sistema”, dijo Yacobucci.

El funcionario analizó la correlación entre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se reciben y las condenas penales y anticipó que el organismo trabajará para mejorar la efectividad.

Explicó además el impacto y la relevancia que tiene la calificación del GAFI. Sobre este aspecto remarcó que una mala calificación del sistema de prevención de lavado, que diga que no es confiable, termina impactando en la relación que la Argentina tiene con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y el FMI con consecuencias inmediatas tanto en la posibilidad de financiación como en el comercio internacional tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales.

En este sentido, Yacobucci puso especial énfasis en destacar que la necesidad de tener un sistema de prevención sólido es una cuestión de Estado. “Hoy necesitamos jerarquizar más nuestro sistema de prevención, necesitamos mostrar más la importancia que tiene el sistema de prevención, la importancia que tiene a nivel estratégico”, remarcó el titular de la UIF.

Por otro lado, se refirió a la normativa que los abogados deberán cumplir como sujetos obligados en cuanto a la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos. Sobre este tema Yacobucci anticipó su decisión de trabajar con los Colegios de Abogados. “No queremos que la UIF se transforme en una carga pesada para los abogados”, dijo Yacobucci.

Consultado sobre la situación de Rosario y lo que puede ofrecer la Unidad de Información Financiera el funcionario aclaró que “la UIF no es la DEA”. Y añadió: “Algunos pensaron que la UIF iba a ir a romper puertas, a detener gente y a decomisar sustancias. Y la UIF no es eso, no va a serlo ni puede serlo. La UIF puede aportar mucho pero no es la DEA, no es una agencia específica de prevención en materia de estupefacientes. La UIF tiene como misión sustancial y esencial -y esa es su razón de ser- la inteligencia financiera.”

Al respecto indicó que la UIF puede aportar a los fiscales federales todo un basamento para potenciar sus investigaciones. Los informes del organismo antilavado le pueden dar al fiscal un panorama claro y concreto de personas que estén investigando. Sin embargo, aclaró que esos informes son de inteligencia y, por lo tanto, no son prueba. La prueba la debe producir el fiscal a partir de esa información que es relevante ya que, por ejemplo, le puede permitir al representante del ministerio público solicitar rápidamente medidas cautelares respecto de los activos de origen ilícito. “El gran aporte que puede hacer la UIF a lo que es la investigación penal y la lucha contra el narcotráfico es darle un soporte a la teoría del caso del fiscal”, señaló Ignacio Yacobucci.

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